Vivienda urbana: entra la canibalización y la mercancía

Óliver Zazueta 

En el siglo XXI, la vivienda, así como la ciudad y muchos de sus componentes, se han convertido en una mercancía, en un vehículo de reproducción de capitales financieros globales y parte de un esquema de depredación del espacio urbano y de sustitución de habitantes, bajo el amparo de una narrativa que dice que si no tienes casa es porque no haces lo suficiente. 

Contra esta visión, estableciendo el derecho a la vivienda como un derecho humano, y planteando alternativas y necesidades es que los académicos Víctor Delgadillo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Máximo Jaramillo, de la Universidad de Guadalajara (UdeG) tomaron parte del conversatorio “Vivienda y justicia urbana”, moderado por Lorena Cabrera, académica de la Ibero Puebla, que fue parte del Quinto Congreso Internacional en Hábitat y Sustentabilidad: Futuros Posibles más allá del 2030 que se lleva a cabo en el ITESO. 

Delgadillo consideró que el Estado mexicano tiene que intervenir el mercado de suelo y de vivienda así como lo ha hecho históricamente con otros sectores como la alimentación o los energéticos, mientras que los gobiernos estatales tendrían que diversificar las formas de acceso y eliminar solamente la propiedad privada como única vía para la adquisición de vivienda. 

“Hay que evitar la deportación de los ciudadanos a las periferias, algo como lo que pasó entre 2012 y 2015, que fueron deportados a municipios como Tlajomulco. Tenemos una pésima herencia de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, que produjeron 11 millones de viviendas, y en México hoy tenemos 6 millones de viviendas vacías. Tan solo aquí en Tlajomulco tienen un Chernóbil”, expresó el doctor en urbanismo por la UNAM. 

“El Estado les decía, ‘tú no mereces vivir en la ciudad por que tus ingresos no te alcanzan’. Nuestros gobiernos tienen que defender el uso de suelo habitacional, el alojamiento temporal tipo Airbnb es sólo negocio, no es habitacional. (…) Tienen que evitar la canibalización de los barrios, porque cuando son conquistados por el alojamiento temporal son consumidos los negocios locales. Hay que crear una reserva de suelo en áreas intraurbanas”.

Otras acciones que consideró pertinentes son el establecimiento de un impuesto especial a las ruinas y hoyos negros patrimoniales en las ciudades, con una tasa progresiva para defender la función social del suelo; también evaluar las ventas y desventajas de los incentivos fiscales y financieras a los fideicomisos de construcción inmobiliaria, “a estos grandes capitales les hacen hasta obra civil”, añadió quien ha sido asesor de la UNESCO y ONU Hábitat. 

Para Delgadillo es necesario reconocer los nuevos escenarios urbanos latinoamericanos, teniendo en cuenta, por ejemplo, que actualmente la tasa de crecimiento demográfico en la región está por abajo de la media mundial (0.8 por ciento), mientras que la media nacional se ubica en 1.4 por ciento. 

“Han disminuido las presiones demográficas, ya no tenemos que andar expandiendo las ciudades. Vivimos una transición demográfica, habría que repensar las tipologías tradicionales de vivienda, somos hogares con menos personas y cada vez hay más adultos mayores”, mencionó. 

Narrativas contra el desalojo 

Para Jaramillo, por su parte, es fundamental combatir las narrativas que justifican la idea de que la vivienda es una mercancía y que solo puede acceder quien tenga los méritos suficientes, pues hay una generación que ha sido mucho más golpeada en este ámbito y son los más jóvenes. 

“Existe este mito meritocrático que dice que a las personas más jóvenes no les interesa tener una vivienda. Así se justifica el tema de la desregulación del mercado y la falta de vivienda pública en el país. En este combate de las narrativas, necesitamos que se regule el mercado de la vivienda, que haya un pilar importante de acceso mediante obra pública”, añadió el doctor en Sociología por el Colegio de México. 

Para defender su postura, compartió datos oficiales que indican que 50 por ciento de las viviendas van dirigidas a dos por ciento de la población, lo que favorece su conversión en activo financiero. “Para adquirir una casa con un valor de tres o cuatro millones de pesos necesitas ganar 120 mil pesos mensuales”, dijo el también economista de la UdeG. 

Ese combate a las narrativas, asegura Jaramillo, se está dando a través de colectivos y movimientos sociales en temas de justicia urbana, y considera que ya se está ganando en México, pues cada vez más las autoridades se están dando cuenta de que es algo importante, y a nivel nacional se está hablando de un sistema de alquiler social. 

“Hay otras formas de acceso a la vivienda que podrían ser una tendencia segura, porque tenemos esta idea de que siempre hay que comprar, lo cual ahora ya es imposible. En Singapur, por ejemplo, existen sistemas de alquiler social que hacen contratos de 99 años, una vivienda que está asegurada para ti, pero que no la puedes vender ni especular con ella. El mejor uso de las reservas de suelo público es muy importante”, destacó. 

Igual de necesario es el desarrollo de una ley inquilinaria, la cual, entre los colectivos de inquilinos, es una lucha muy fuerte, pues en muchos estados –Jalisco es el caso– se regula como un tema mercantil, no como un derecho de acceso. Esto permitiría discutir ahí los topes de renta y combatir así el aumento desmedido de los precios de renta en las ciudades. 

En el asunto de la gentrificación, la recuperación de plusvalías de la inversión pública ayudaría a evitar el fenómeno que estamos viendo en muchos centros históricos urbanos, donde esas plusvalías terminan siendo capturadas por privados. 

“Estamos hablando al final de un conflicto de clases, donde, si mi casero fuera también mi empleador, básicamente estaríamos hablando de casi como tener una tienda de raya de la época porfirista, donde un porcentaje importante se va a la vivienda. El decil más pobre dedica 50 por ciento de sus ingresos a pagar el alquiler. 

De igual forma, destacó que es paradigmáticamente grave el problema de las Villas Panamericanas, que recién se anunció que cedieron el porcentaje de propiedad que tenían del estado para que se privaticen y se pueda especular con ellas. “Es el ejemplo perfecto de lo que no debe hacerse y debería tener candados y mayor vigilancia para que eso fuera ilegal”, concluyó.