Construir la verdad histórica es el primer paso para posibilitar la justicia

Ximena Torres 

En la deseada y discutida construcción de paz para México, el camino comienza por reconocer que, entre 1965 y 1990, durante la llamada Guerra Sucia, el Estado mexicano desarrolló mecanismos y estrategias para torturar, desaparecer, asesinar y cometer otras violaciones a los derechos humanos contra quienes se opusieron a su autoridad. Y para que ese reconocimiento sea significativo hace falta saber lo que pasó con las personas a quienes desaparecieron, cómo funcionaba el aparato represivo y quiénes fueron los perpetradores que deben rendir cuentas. 

Esa fue la asignación que tuvo el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, creado por el Gobierno de México, entre 2021 y 2024. Un grupo de las y los historiadores, sociólogos y académicos que integraron dicho organismo se reunió en el ITESO para reflexionar sobre los logros y obstáculos a los que se enfrentaron en esa tarea de explicar lo sucedido. 

Las maestrías en Derechos Humanos y Paz, y en Política y Analítica Públicas, y el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, SJ” (CUDJ) del ITESO convocaron a la actividad, durante la cual se resaltó la importancia de los archivos documentales como dispositivos de poder. La construcción y revisión que el mecanismo hizo de este tipo de acervos fue fundamental, pero solo representó el primer paso rumbo a un horizonte de justicia. 

“Al contrario de lo que se piensa, el informe no es algo terminado, es algo que abrió casos para seguir trabajando”, dijo Daniela Morales Muñoz, historiadora e investigadora independiente para el mecanismo. José Luis Soto, sociólogo que integró el equipo técnico de la Comisión de la Verdad, agregó: "Los procesos de esclarecimiento histórico concluyen cuando los casos llegan a la justicia, cuándo hay reparación del daño. En este caso, las carpetas de investigación siguen abiertas, no hubo un solo proceso judicial que se consignara, las víctimas no fueron reparadas”. 

El secreto de la violencia premeditada  

El principal obstáculo al que el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico se enfrentó fue el hermetismo de las organizaciones de seguridad del Estado, como la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aunque estás agencias tenían ordenes de dar acceso a la información de su acervo, se negaron a hacerlo, a veces de manera directa y a veces por medio de limitantes técnicas.  

“Las instituciones tienen tal capacidad y tal control sobre esa información que pueden negar el acceso”, dijo Soto. “Parece que dentro del Estado hay un límite de hasta dónde puedes encontrar información”, señaló en respuesta Donnovan Romero Ángeles, historiador e integrante del mecanismo. 

Las y los panelistas también reflexionaron sobre la sistematización de la violencia, que, aunque se ejercía de manera clandestina, también era premeditada. Ejemplo de ello es la formación de los grupos paramilitares que se esparcieron por Jalisco, Guerrero, Nuevo León y la Ciudad de México, bajo el mando de los mismos agentes militares con el fin de reprimir las insurgencias. O los llamados “vuelos de la muerte”, que confirman la existencia de “operativos que fueron creados para el aniquilamiento”, dijo María Soledad Lastra, socióloga e historiadora que también investigó para el mecanismo.  

El valor de la investigación histórica y las buenas prácticas 

Cristina Gómez-Johnson, historiadora y moderadora del panel en el ITESO, invitó a reflexionar sobre la cercanía de las redes de violencia investigadas por el mecanismo con el presente. ¿Por qué vale la pena investigar el pasado y mirar lo que está pasando hoy con una perspectiva histórica?, cuestionó Lastra,  académica de la Ibero Ciudad de México para invitar a la reflexión. 

El motivo más claro, de acuerdo con quienes participaron en la actividad, es la ausencia de las personas a las que se llevaron, pues varias de sus familias aún buscan respuestas de lo sucedido luego de su desaparición.  

También pesa el reconocimiento de aquello de lo que las y los sobrevivientes fueron testigos, y que mucho tiempo se negó debido a la clandestinidad. “A muchas personas les decían que estaban locas. ‘¿Cómo va a haber un sótano con una cárcel clandestina en el Campo Militar 1? Una casa de seguridad en Lomas de Chapultepec, ¿cómo se te ocurre?’”, comentó Soto. 

Pero aquello en lo que los panelistas más insistieron fue en la impunidad garantizada e intergeneracional, que ha permitido que las violaciones de derechos humanos continúen hasta la actualidad.  

Ante los cuestionamientos del público sobre el hermetismo de los militares con sus archivos, las cuatro personas invitadas no dudaron en concluir que la información es una herramienta de negociación en el presente. “Si los militares de ahorita permiten que caigan los militares de hace 30 años, ellos también van a caer en 10 o en 20 años. Garantizar la impunidad de la generación de militares que salen, les permite a ellos garantizarse su propia impunidad”, planteó Soto Espinosa como hipótesis. 

Para finalizar la discusión, las y los invitados destacaron las buenas prácticas recuperadas durante el trabajo del mecanismo. Destacaron, sobre todo, el trabajo cercano con las personas sobrevivientes, las familias y sus propios archivos. A través de esas colaboraciones generaron cartografías participativas sobre sitios clandestinos de detención y tuvieron material para refutar las versiones oficiales con las que los militares y policías justificaron su actuar en algunas ocasiones. 

La mediación y la interdisciplinariedad son otros elementos clave para que el trabajo de investigación tenga un mayor impacto, pues la capacidad de traducir la historia al lenguaje jurídico hace posible la apertura de una carpeta de investigación, por poner un ejemplo. Una buena experiencia, subrayada durante el panel, es la recuperación de las antiguas instalaciones de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal como el sitio de memoria Tlaxcoaque, pues ese lugar fungió como cárcel clandestina en la que se cometió tortura y otras violaciones a los derechos humanos.   

El trabajo que no se debe al Estado, a través de la investigación y el acompañamiento independientes, fue el último punto que señalaron entre las buenas prácticas. En esa línea Gómez-Johnson hizo un llamado a todas las personas asistentes a participar al menos con la denuncia de la reconstrucción de la verdad. “Pensemos en las responsabilidades que tenemos como sociedad civil, no solamente esperemos que lo resuelva el gobierno, porque la calle es nuestra”, concluyó.