Desigualdad en distintos niveles: consecuencia de la ineficiencia de un modelo económico

Adriana López-Acosta

El modelo económico de libre mercado —llamado también neoliberal o capitalista— tiene como premisa la competencia.

En su texto El nuevo espíritu del capitalismo, los sociólogos Luc Boltanski y Ève Chiapello lo definen como la exigencia de acumulación ilimitada de capital mediante medios pacíficos. Para estos autores, el capitalismo es la puesta en circulación del capital con el fin de extraer ganancias para nuevas inversiones.

En el papel es ordenado, pero en la práctica no, coincidieron Juan Ricardo Herrera, SJ y Gabriel Mendoza Zárate, SJ en la cuarta charla del ciclo Pensamiento Jesuita sobre la Actualidad, titulada "Modelos económicos y desigualdad social en México". Esta sesión, llevada a cabo el jueves 21 de mayo en la terraza de la Biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, SJ del ITESO, fue moderada por Mónica Unda, académica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj).

Herrera, académico del Departamento de Economía, Administración y Mercadología (DEAM), contextualizó que este modelo económico, que América Latina adopta desde el decenio de los ochenta, es una respuesta a la deuda acumulada por el Estado y la modificación del sistema anterior, que consistía en industrialización por sustitución de importaciones, en el que la rectoría del Estado era medular.

Mendoza, colaborador Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, enfatizó la aplicación del modelo, cómo repercute en los empleados y en sus salarios esta lógica de mercado. Él desmenuzó el capitalismo como una construcción social que apela a cuestiones más allá que las económicas.

"No solamente trata de cuestiones del campo económico, sino que este sistema ha extendido sus efectos a todos los ámbitos de la vida social, hasta la íntima", comentó.

Inequidad en el mercado

Una de las consecuencias de la ineficiencia de un modelo económico, coincidieron los ponentes, es la desigualdad, la cual tiene distintas dimensiones: el acceso a vida digna, a oportunidades y servicios de educación.

"En países desarrollados como Noruega, el más rico recibe seis veces más que el más pobre; aquí en México, el privilegiado recibe 30 veces más que el más pobre; estamos en la raíz de la desigualdad: la percepción de los salarios mínimos", señaló Herrera.

Mendoza dijo que, más allá de la aplicación, es el modelo capitalista el problema, por dos de sus características: el régimen de acumulación —en el que no hay un tope y control para evitar monopolios y abusos— y el régimen salarial —en el que, a cambio de una paga fija, el empleado renuncia al derecho de propiedad sobre el resultado del esfuerzo de su trabajo, que beneficia a los dueños del capital, que no están obligados a retribuirles más allá de lo estipulado por el contrato.

"El capitalismo nos dice que el trabajador siempre es libre de elegir si trabaja o no trabaja con determinado empresario, pero en las situaciones que provoca el mismo modelo (desigualdad y falta de oportunidades), no se puede ser absolutamente libre", explicó.

Agregó que son los trabajadores los que soportan este sistema, aludiendo a los esquemas de contratación con pocos beneficios, y "si no se revisan estos fundamentos que le dan sentido al mismo capitalismo, yo creo que el modelo no va a funcionar por más que le pongamos parches".

El rol del Estado

"La desigualdad es algo que nos compete a todos, pero no todos podemos solucionarla. Es un proyecto de Estado, y el Estado no ha querido tomarla y darle solución", declaró Herrera.

Esfuerzos como subir el salario mínimo al mismo porcentaje al que sube la inflación no son suficientes para la creación de un país equitativo.

Tanto Herrera como Unda señalaron el cobro de impuestos con la finalidad de redistribuirlos como una vía que tiene que mejorarse para ser efectiva.

Herrera comentó que la evasión fiscal de los más pobres, que incurren en el empleo informal, no es la vía más adecuada, pero intenta equilibrar la balanza, porque su contribución tributaria no alcanzaría a traducirse en beneficios directos, reflejados en servicios como salubridad, infraestructura o la misma facilitación de empleos.

Pero la falta de estos accesos también es consecuencia de que el Estado esté rebasado en el tema de la escasa recuperación tributaria (11 por ciento del PIB), lo cual desemboca en recortes de gastos, es decir, menos inversión en infraestructura y mayor desigualdad.

Unda reconoció que no hay condiciones para compararse con economías avanzadas como las de Suecia o Noruega, pero la comparación con países latinoamericanos tampoco es alentadora.

"Brasil recauda 33 por ciento de su PIB; Argentina más o menos lo mismo; Chile recauda 26 por ciento; México solo recauda el 11. Esto nos dice que una de las fuentes principales del gobierno para actuar es muy reducida, por lo que su poder de gasto es menor. Y la manera en la que recauda no es progresiva —a la Robin Hood—, sino regresiva, donde cada vez los impuestos indirectos son los que más hacen el total de los ingresos tributarios", analizó.

Soluciones con todos en la mesa

No se trata de castigar a empresas que generan empleo, coincidieron todos. Herrera defendió el derecho de las empresas a innovar y acumular capital, y advirtió que el problema está en el esquema salarial que no protege a sus trabajadores, además de la lógica de consumo que rebasa las posibilidades económicas reales de los usuarios, así como la incapacidad del Estado de prohibir los monopolios.

"Los monopolios distorsionan tanto a la sociedad, que crean grandes utilidades para ellos, fomentan la pobreza por la falta de competencia justa, y el Estado termina siendo un títere. No hemos tenido gobernantes que fomenten un modelo económico eficiente", dijo Herrera.

Unda afirmó que una de las maneras en las que el Estado puede apoyar a la balanza de la desigualdad es por la vía del sistema tributario y por la del gasto público, "y también puede aportar en los salarios. Al fin y al cabo, es el gobierno quien está a cargo de la regulación laboral, y quien podría hacer algo al respecto en el establecimiento de un salario mínimo".

Coincidieron en que se necesita regular a las grandes empresas, garantizar un sistema de bienestar y protección al trabajador, y votar por administradores públicos que, más allá de ideologías, tengan propuestas económicas para todos los sectores de la sociedad; que se recauden impuestos progresivos, con tasas tributarias más altas a ingresos más altos, y que el gasto público se dedique a ofrecer infraestructura y sistemas públicos de educación y salud.