Cómo el pasado represivo de México ayuda a entender la violencia del presente

Ximena Torres 

El Estado mexicano tiene la última responsabilidad de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Ese fue el principal hallazgo del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (también conocido como MEH), creado en octubre de 2021 por decreto presidencial. La conclusión puede parecer obvia para algunos, pero no siempre lo fue, pues hubo grupos civiles —como Los Halcones, el Grupo Jaguar y otros— financiados por los gobiernos que se encargaron de ejecutar la política de limpieza social.  

La violencia fue sistemática y generalizada: las detenciones arbitrarias, masacres, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y demás violaciones graves a los derechos humanos registradas no respondieron a decisiones aisladas de personajes perversos, sino a estrategias y métodos deliberados que guiaron la actuación del Estado mexicano durante 25 años.  

Las víctimas no solo fueron los integrantes de una guerrilla o los estudiantes organizados, sino toda agrupación que amenazaba la estabilidad según el régimen político de la época. Entre ellos estaban las comunidades indígenas en defensa de sus territorios, las disidencias sexogenéricas, periodistas, movimientos sindicales y hasta integrantes de las Fuerzas Armadas. En total, el MEH contabilizó a 8 mil 594 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, 46 masacres y 123 mil 34 víctimas de desplazamiento forzado.  

Todos estos datos los presentaron David Fernández Dávalos, SJ, y Abel Barrera Hernández. Ambos son defensores de los derechos humanos en México y estuvieron entre los cuatro comisionados que lideraron el informe final del MEH,  presentado por primera vez en agosto de 2024, y dos años después llegó al ITESO gracias a la gestión de la Maestría en Derechos Humanos y Paz, y el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ.  

“Lo que hoy vivimos en el país es fruto de la impunidad, el silencio y la tolerancia del Estado frente a estos gravísimos crímenes de lesa humanidad. No es algo que empezó sin más, sino que es polvo de aquellos lodos, por decirlo de alguna manera coloquial”, aseguró Fernández.  

El enemigo interno y la disciplina social 

En su visita al ITESO los excomisionados explicaron que el informe titulado Fue el Estado (1965 – 1990) fue resultado de más de dos mil entrevistas con víctimas y sus familiares, así como una revisión inédita de los archivos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional.  

El periodo de tiempo estudiado comienza en 1965, con la ofensiva armada por parte del Grupo Popular Guerrillero contra el cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua. Aunque el movimiento agrario e indígena en defensa de su territorio fue derrotado se convirtió en un referente de otras acciones de insurgencia social. 

Por el contrario, el final del periodo analizado, en 1990, no se debe a un acontecimiento en especial, sino al cambio gradual en el tipo de régimen político a partir de la llegada del neoliberalismo.  

Sin embargo la acotación temporal del informe del MEH no limita el análisis sobre lo que vino antes o después. Durante la presentación los investigadores aseguraron que la clausura de los canales de participación política ciudadana fue lo que precedió a la represión y la violencia. “Una de las versiones que existen es que el Estado tuvo que reprimir porque se alzaron en armas las izquierdas comunistas, pero no es así. [...] Es la represión la que precede a la insurgencia armada. La relación causa y efecto es inversa a como se suele presentar”, explicó David Fernández Dávalos, SJ. 

Lo que el Estado buscaba a través de su estrategia contrainsurgente era garantizar la seguridad política y la continuidad de un partido hegemónico en México. En el fondo, eso les permitiría salvaguardar el modelo económico capitalista y extractivista sin oposición. La política para lograrlo tenía tres componentes centrales: la doctrina de seguridad nacional, la existencia de un enemigo interno desestabilizador y el “disciplinamiento” social.  

Bajo esa justificación se cometieron ataques sistemáticos, como la masacre del Monte Chila en Jolapa, Puebla, donde 50 campesinos indígenas que luchaban por recuperar sus tierras fueron asesinados por integrantes del ejército y la policía en 1970. En 1974 más de 100 indígenas chamulas de Chiapas fueron detenidos arbitrariamente y torturados por motivos relacionados con su práctica religiosa cristiana. Posteriormente, también en Chiapas, el gobierno de Patrocinio González Blanco Garrido asesinó extrajudicialmente a más de 120 personas transexuales y criminalizó a la comunidad de disidencias sexogenéricas para encubrir los crímenes.  

La violencia persiste 

Los casos mencionados y muchos otros quedaron registrados en cuatro tomos del informe “Fue el Estado (1965 – 1990)”. La extensión de lo presentado muestra el rigor del trabajo del MEH, aunque, durante el desarrollo de sus labores, el equipo de investigadores se enfrentó al hermetismo de las organizaciones de seguridad del Estado, que se negaron a romper el "pacto de impunidad", respaldados por las mismas autoridades que impulsaron la creación del mecanismo.  

Fernández y Barrera aseguraron que uno de los motivos principales por los que el gobierno federal les retiró el apoyo y rechazó su informe fue el vínculo que propusieron entre la violencia del siglo pasado y la actual. “Las técnicas contrainsurgentes migraron hacia el crimen organizado con el consentimiento de las estructuras estatales, lo que en la actualidad favorece la persistencia de las violaciones graves a los derechos humanos”, enunciaba la presentación de los excomisionados.  

La administración de Andrés Manuel López Obrador consideró que el MEH estaba rebasando su asignación al emitir 141 recomendaciones a 22 instituciones públicas. En relación con la memoria, el mecanismo sugirió que las autoridades emitieran una disculpa pública y reconocieran la responsabilidad del Estado. Para las víctimas y sobrevivientes solicitó la creación de un nuevo organismo, para sustituir la ineficiencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y para buscar a las personas desaparecidas, propuso dotar a la Comisión Nacional de Búsqueda de un equipo especial para investigar los casos del siglo pasado.  

Ninguna de las instituciones señaladas respondió al llamado, pero Fernández recordó que “la creación de la Comisión de la Verdad y su trabajo fue fruto de los esfuerzos de las víctimas y sus familiares que han buscado justicia. No fue una concesión graciosa del Estado. [...] (quienes investigamos) asumimos el reto por verdad y justicia frente a las víctimas del pasado, pero primordialmente porque nos preocupa la situación del México de hoy, y entendimos que, para desmontar lo que ocurre en el país, hay que hacer luz sobre los mecanismos que nos han traído hasta acá”.  

Jorge Rocha Quintero, académico del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, comentó lo presentado y aseguró que la historia esclarecida en el informe y los hechos actuales de violencia deben entenderse como un continuum. Por ese motivo es pertinente volver a contar la historia, ahora de 1990 en adelante, aseguró el académico. “La dinámica sigue igual en el fondo, por eso es muy importante leer el trabajo porque, quizá como nunca, un informe del pasado nos ayuda a entender el presente de nuestro país”, concluyó.  

El informe completo del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico puede consultarse en https://www.meh.org.mx/especial-informe-final/.